La noticia se relaciona con gente que le teme a los pinchazos judiciales en Texas, y aquí también
Del Guardian fuí a parar a un editorial del “Dallas Morning News” titulado algo así como “Esperen: El Estado debe suspender las ejecuciones” .
En el estado de los magnates del petróleo ejecutan a los condenados (generalmente negros y blancos pobres) mediante tres inyecciones consecutivas: un sedante (parece que no muy fuerte) que adormece, un paralizante muscular de acción similar al curare ( y que impide respirar), y cloruro de potasio, que paraliza el corazón. El cóctel lo ideó un guardiacárcel, en 1977, y es de uso extendido en todos los estados que matan, excepto en Nebraska, donde cocinan a los reos con corriente eléctrica. La cuestión es que la Asociación Americana de Veterinarios prohibió a sus afiliados practicar la eutanasia a las mascotas con el Pavulón (el paralizante) hace ya varios años, porque la muerte se produce en realidad por asfixia, sin pérdida de conocimiento y es muy dolorosa Uno de los condenados, que había agotado sus apelaciones y sobrevivido 20 años en el pabellón de la muerte, ya había sido atado a la camilla y se estaba por iniciar el rito macabro, cuando tuvo suerte una vez más con otra apelación.
El motivo: argumentó que el ingrediente paralizante, el Pavulón, constituía una pena cruel e inhumana, que ya no se utilizaba ni siquiera con los animales. La corte suspendió la ejecución, para decidir el caso. Al tipo lo desataron y lo volvieron a su celda. El pinchazo queda para más adelante. Te lo vamos a dar, con o sin Pavulón.
Por supuesto, reputados profesores de medicina ya están dando recomendaciones y sugerencias de cómo preparar un coctel más digerible. Los médicos, en Estados Unidos, han estado siempre al pie del cadalso, con los estetoscopios listos, desde hace más de un siglo. Son parte del equipo de ejecución. Me cago en Hipócrates.
Aquí, cerca de Buenos Aires, un grupo de personas tampoco quiere ser pinchado . Ya han obtenido cuatro aplazamientos, y tal vez ellos logren diferir el pinchazo también por 20 años. La pequeña diferencia es que no les quieren inyectar el Pavulón, ni tampoco viven en el corredor de la muerte. Les quieren sacar una gota de sangre, y viven en un country. En ese lugar, en un escenario de novela policial, alguien mató a una mujer que pertenecía a una organización que busca niños perdidos.
Me pareció muy original la manera de pasar de un caso al otro.
Con respecto al segundo caso (el que más nos llega a los argentinos) ...
Nuestra constitución dice que nadie puede ser obligado a declarar en contra de sí mismo. La prueba del ADN tiene como objeto, en este caso, establecer si alguno de los sujetos de la prueba estuvo en el lugar del homicidio, lo cual sería un importante indicio de culpabilidad. ¿No es esta prueba una declaración en su contra?. ¿Tiene el Estado el derecho de obligar a un ciudadano a hacer una prueba que lo incrimina?.
¿Cuál es el poder del Estado frente a nuestros derechos como individuos?. ¿Antecedentes similares los podemos encontrar en el caso de Evelyn Vázquez?.
Soy consciente que la mía es una posición desagradable. También creo que los familiares saben mucho y callan (encubren sería un verbo más apropiado). Pero entiendo que los derechos son para todos.
Cordiales saludos.
Gracias por el comentario. No soy abogado, y por lo tanto las cuestiones de interpretación legal me quedan grandes. Hay un hecho evidente y es que ese grupo no tiene la menor intención de que alguna vez se sepa la verdad. Seguramente que tienen motivos para que así sea. Otra gente a quién ese grupo inculpó, directa o indirectamente, no tuvo problemas en hacerse el análisis. La alegada enemistad del fiscal no tiene sentido, a mi juicio. Un fiscal debe llevar adelante la investigación y la acusación. No es fácil ser neutro y diría que el fiscal encaró el caso siguiendo el criterio de máxima verosimilitud. Quien oculta un crimen, o lo cometió o quiere proteger a quién lo cometió. A esta altura, parece increíble que alguien pueda suponer que las heridas que presentaba la víctima las pudiera ocasionar una caída de, a lo sumo, un metro y medio.
Con respecto a las garantías constitucionales, me parece que abrir la puerta para un allanamiento también puede ser considerado declarar contra sí mismo. Ahora bien, si la puerta no se abre voluntariamente, la policía suele tirarla abajo. No se porqué, pero parece que nuestros jueces tienen menos empacho en mandar tirar una puerta abajo que en hacer pinchar un dedo.
El desarrollo de este caso también pone de manifiesto que la pretendida "igualdad ante la ley" no es más que una declaración rimbombante, en las cuales no cree nadie. Alguna vez alguien dijo que si esto hubiera ocurrido en Lugano ya estaría resuelto.