patrocina el post MEDALLAS, HONORES Y «LOBBIES»
EL descubrimiento de un contrato por el que el Gobierno del PP, con fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores, se comprometió a pagar dos millones de dólares a un «lobby» estadounidense para promover la imagen del ex presidente español y conseguir el apoyo para que le fuese concedida la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos es un torpedo bajo la línea de flotación de Aznar pues afecta a su faceta más querida: la honorabilidad. No porque el contrato sea ilegal, ya que legales son los «lobbies» en Estados Unidos, públicos son sus contratos y facturas, y legítimo el cauce por el que se llevó a cabo pese a la comprensible confidencialidad, sino porque descubre esa postrera debilidad de Aznar, la vanidad, con la que colma la montaña de acusaciones de altanería, engreimiento, inmodestia y endiosamiento de los que le acusan sus detractores. «Vanidad de Vanidades, todo es vanidad», dice el «Eclesiastés» 1.2, que dedica los seis primeros capítulos a demostrar la vanidad de la ciencia, placeres, riquezas, poder, obras y honores para demostrar que nada sacia los deseos del hombre vanidoso.
Ahora el problema que se le plantea a Rodríguez Zapatero es el de si anima o desanima al Fiscal General a promover una acción contra el ex presidente sobre la base del artículo 434 del Código Penal. Ese artículo castiga a la autoridad que con ánimo de lucro propio y con grave perjuicio para la causa pública, diere una aplicación privada a bienes pertenecientes a cualquier Administración. Y lo multa con seis a doce meses, y suspensión de cargo público por tiempo de seis meses a tres años, si no reintegra lo distraído dentro de los diez días siguientes al de la incoación del proceso. El PSOE tiene poco que ganar si consigue una condena. Y menos si pierde el envite por falta de pruebas. Tan sólo la foto de la entrada de Aznar a declarar ante la Audiencia Nacional. Que a lo mejor es bastante.
El contrato, firmado en secreto tres meses antes de las elecciones, se financió con fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores a través de un cauce extraordinario que garantizaba la confidencialidad. Los fondos se desviaron a través de la Secretaría de Estado para Asuntos Exteriores e Iberoamérica.
El contrato con la empresa de abogados Piper Rudnick, al que ha tenido acceso la Cadena SER, estableció un pago inicial de 700.000 dólares, correspondientes a los siete primeros meses, y mensualidades de 100.000 en los meses posteriores hasta completar los 2 millones de dólares.
El documento no tenía contemplada la relación contractual en caso de que el Gobierno de Aznar perdiera las elecciones.
"REFORZAR RELACIONES"
La cadena SER tiene también el justificante de pago de los 700.000 dólares iniciales, sufragados a través de la Embajada de España en Washington. El ex embajador español en EEUU, Javier Rupérez, actuó como representante del Gobierno español.
En el contrato, la empresa de “lobby” se compromete a “asistir al Gobierno de España en diplomacia pública y comunicación estratégica”. Llama la atención que el contrato hable de “reforzar las relaciones con la Casa Blanca” en un momento en el que Aznar presumía de su relación privilegiada con Bush.
La SER también tiene en su poder el desglose de actividades y la minuta de los abogados contratados por el Gobierno de Aznar.
LOS "LOGROS" DEL PRESIDENTE
Durante el mes de enero, la propia empresa comunicó al Gobierno español que su trabajo, tal y como se había solicitado, consistió fundamentalmente en fomentar la asistencia al discurso de Aznar ante una sesión conjunta en el Capitolio de EEUU y, por encima de todo, contactar individualmente con congresistas y senadores para pedirles su firma en la resolución que propone la concesión de la medalla de oro del Congreso de EEUU al ex presidente del Gobierno español.
En las semanas anteriores al discurso de Aznar en el Congreso –pronunciado el pasado dos de febrero- la empresa de abogados redactó una carta en nombre del embajador Rupérez “para describir los logros del Presidente Aznar durante sus ocho años de presidencia” a los miembros del Congreso. Los abogados también contactaron con los despachos de los congresistas para “rogar la asistencia” al discurso de Aznar.
Los abogados hacen una facturación detallada del tiempo empleado en redactar esa breve carta que enviaron a los miembros del Congreso.
LAS FACTURAS AL DETALLE
Uno de ellos, J. Boggs, cobra 805 dólares por una reunión rápida en la embajada de España para discutir el borrador de la carta el 21 de enero; otro abogado, D. Marshall, cobra otros 1.110 dólares el mismo día por valorar el borrador; al día siguiente, J. Pickup, miembro del mismo “lobby”, factura otros 1.087 dólares por revisar la hoja en la que se detallan los “logros” de Aznar.
El día 23, un cuarto abogado, I. Sanchez, cobra 672 dólares por una revisión de la carta a la que apenas dedica poco más de una hora de su tiempo.
Se da la circunstancia de que la SER desveló hace meses que la presencia de congresistas y senadores en aquella sesión fue tan escasa que hubo que rellenar apresuradamente los asientos vacíos con empleados del Congreso y turistas que visitaban ese día el Capitolio.
ESCASO ÉXITO INICIAL
En la facturación se detallan también los esfuerzos del Gobierno español, a través de la compañía de abogados, para conseguir firmas de congresistas y senadores en la resolución que proponía la concesión de la Medalla de Oro del Congreso a José María Aznar “por ser un aliado firme e incondicional de EEUU y por su apoyo a la guerra contra el terrorismo”.
La propuesta, aprobada el 15 de mayo de 2003, apenas había logrado unas pocas decenas de firmas a finales del pasado año, tanto que su promotor, el congresista Jim Gibbons, tuvo que dirigirse públicamente a la cámara para “urgir” a sus colegas a que apoyasen la propuesta, sin demasiado éxito inmediato.
LAS 290 FIRMAS
Tres meses después de que la empresa Piper Rudnick recibiera los 700.000 dólares del Gobierno español y comenzara su trabajo como “lobby de presión” en el Capitolio, la resolución sobre la medalla de Aznar contaba ya con las 290 firmas necesarias para su tramitación en pleno.
Conseguida esta meta, la propuesta apenas registró unos pocos adeptos más. A día de ayer, contaba con 306 firmas, aunque el Senado ni siquiera ha empezado a tramitar su propia propuesta, necesaria para la concesión de la medalla.
COBRAR POR ASISTIR
Los abogados de Piper Rudnick realizaron decenas de llamadas de teléfono a los congresistas para ensalzar a Aznar y pedirles su firma en la resolución que propone la concesión de la medalla. Muchas de los congresistas contactados añadieron su firma inmediatamente después de las llamadas. El 30 de enero, cuando se acercaba el discurso de Aznar, los abogados intensificaron su campaña con el envío de 40 cartas y varias llamadas a congresistas, una labor de unas pocas horas por la que cobraron 3.420 dólares.
Los abogados contratados por el Gobierno de Aznar también cobraban por asistir a los actos del propio ex presidente en Washington. I. Sanchez facturó 1.536 dólares por estar presente en una comida en la Cámara de Comercio, ante la que Aznar pronunció un discurso durante una visita a la capital de EEUU. En el desglose de la facturación, los abogados cobran también al Gobierno español 6,63 dólares por gasto en sellos de correos.
PALACIO RECONOCE EL CONTRATO PERO MATIZA
Ana Palacio, que se encontraba precisamente hoy en Washington, ha asegurado hoy a preguntas de la Cadena SER que se trata de un "contrato tipo que tienen todos los países de nuestro entorno". Ha defendido la actuación de la firma de abogados porque cuando Aznar fue a Washington "hay unas gestiones en marcha y que esa firme apoye esas gestiones forma parte del objeto del contrato".
La ex ministra ha negado que los fondos públicos se usaran exclusivamente para que Aznar recibiera la medalla y por eso ha tildado de "sesgada" la información. Según Palacio, no se se usan "fondos para eso sino para contratar a una empresa que en la minuta del primer mes especifica las gestiones que se han hecho, pero no quiere decir hay otra serie de actividades que no las hayan incluido porque no las hayan culminado".
La cadena SER se ha puesto en contacto con la empresa de abogados contratada por Aznar. Este despacho ha declinado comentar los términos del contrato firmado y ha derivado las consultas a la Embajada Española en Washington que de momento se niega a hacer comentario ninguno.
NARANJAS CLEMENTINAS
La cadena SER se ha puesto también en contacto esta misma mañana con el que fuera secretario de estado de Exteriores, Ramón Gil Casares, del PP, quien ha asegurado que se buscaba con la contratación de este lobby mejorar algunos aspectos de la defensa de los intereses de España en Estados Unidos; por ejemplo, el conflicto de las naranjas clementinas.
Se ha negado a responder a la cadena SER, cuando se le ha preguntado si entre los trabajos contratados estaba la promoción personal de Aznar en Estados Unidos y la concesión de la medalla del congreso americano.
Madrid. (Redacción.) – José María Aznar manifestó ayer su “desprecio” ante las informaciones que apuntan al pago de dos millones de dólares por parte de su Gobierno al bufete Piper Rudnick de Washington, que entre otras gestiones llevó los trámites para que el ex presidente consiguiera la medalla de oro del Congreso de EE.UU. Aznar atribuyó la filtración de esta información a una maniobra para desviar la atención de las revelaciones de la comisión sobre los atentados del 11-M, que evidencian, dijo, que su gobierno no mintió. “No tengo nada que negar ni nada que afirmar”, afirmó Aznar en Ciudad de México, donde sigue la promoción de su libro. Lo único que señaló sobre el uso de fondos públicos para lograr el citado galardón es que “algunas insinuaciones que se hacen al respecto” sólo le merecen “desprecio”.
“Quiero decir –argumentó Aznar, sobre esa supuesta maniobra de distracción– que cuando se intenta demostrar que un gobierno no ha dicho la verdad, y el gobierno la ha dicho y eso queda acreditado ante una comisión parlamentaria, se pueden intentar muchas cosas para desviar la atención, e incluso intentar manchar la honorabilidad de las personas, pero yo no voy a entrar en estas cosas”.
Sobre el contrato con el bufete de Washington, ayer trascendieron nuevas informaciones. Al parecer, las facturas enviadas por los abogados fueron cambiadas, a petición del gobierno, para que pudieran superar el control de la Intervención General del Estado, informó la cadena SER. A principios de marzo, la firma Piper Rudnick envió a Madrid, a través de la embajada, una factura que describe los servicios prestados, pero el gobierno del PP solicitó una segunda versión, en la que se retiraron las menciones a la medalla y a Aznar. El encabezado del título era medalla de oro del Congreso y se cambió por asuntos varios del Congreso, y los abogados se limitaron a escribir el número de la resolución, la 2131, omitiendo su contenido, que es exclusivamente la propuesta de concesión del galardón a Aznar. En el primer punto de la minuta desaparece también la referencia a Aznar y queda redactado: “Preparar el discurso del presidente del Gobierno de España”.
El Consejo de Ministros del PP dio el visto bueno al contrato con el citado lobby el 26 de diciembre pasado, pero la reseña no consta en el Consejo de Ministros ni en el BOE.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, compareció ante la prensa en León para hacer balance de sus primeros cien días de Gobierno y no se extendió en sus valoraciones sobre este polémico asunto. El presidente aseguró que será el Ministerio de Asuntos Exteriores el que tendrá que decidir si mantiene el contrato con Piper Rudnick, pero de las consideraciones que realizó se deduce con claridad que no es partidario de conservarlo, ya que señaló que no aporta nada interesante a la política exterior del Ejecutivo, informa Cristina Sen. El Gobierno está estudiando cómo puede deshacerse del contrato firmado con el citado despacho.
Zapatero también se desmarcó de las iniciativas de su antecesor con una frase escueta: “Yo no pienso hacer estas cosas”. Además, añadió la disponibilidad del Ejecutivo para dar toda la información que tenga, aunque por la “naturaleza del afectado”, señaló, las explicaciones se darán en el Congreso. Según dijo, es el PP quien debe responder.
Rajoy rehusó explícitamente hablar de este tema, aunque fue requerido de forma insistente por los periodistas que siguieron su asistencia a un acto del PP en Asturias. Desde el PP lo hizo el portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana, quien aseguró que contratar un servicio al exterior “es una práctica habitual” y calificó de “impropia de un sistema democrático” la actitud del Gobierno socialista de “revisar la gestión anterior con un ánimo revanchista y de linchamiento”.
El secretario del grupo del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, urgió al ex presidente a dar explicaciones sobre el contrato de promoción, aunque señaló que éste es un asunto político y no judicial, informa José María Brunet. “No nos parece mal la contratación de un grupo para favorecer los intereses de nuestro país”, dijo el diputado socialista, sino el objeto y la forma, en alusión a la medalla. López Garrido aseguró que el anterior gobierno no informó al actual de la existencia de ese contrato en el traspaso de poderes y señaló que la abogacía del Estado tendrá que examinar la situación y ver qué partes del contrato son ejecutables y cuáles no.
IU-ICV ha pedido al Ministerio de Exteriores que remita al Congreso la documentación referente al contrato con el despacho de Washington, dijo Gaspar Llamazares.
Hola,
Las críticas son buenas.
A ver si ahora Zapatero cancela el contrato con la empresa "Lobby". Que es lo que debería hacer al no compartir estas prácticas,no? Y lo tiene que cancelar Zapatero pues no es contrato de Aznar, sino del gobierno español que él preside.
Cuando alguien se entere de que este gobierno cancela ese contrato que lo publique, por favor.
¿No sería lo de la medalla sugerencia de BONO? a este si que le gustan las medallas.
Para comparar las cosas hay que decir que en España funcionan otros lobbys que se llaman "Consultoras". La maraña legal y burocrática de este pais es tal, que cualquier empresa o Estado que quiere contratar aquí con el Estado Español debe contratar una de estas "Consultoras" para poder enterarse de algo, para saber, incluso qué funcionario es el competente para tal cosa... Es lo mismo, con otro nombre. Y cobran una pasta gansa eh!! Todo es cuestión de usos y tradiciones.
Saludos.